Foto: Referencial
(Valencia, 08 de mayo. Noticias24 Carabobo) El Juzgado 2º de Control del Circuito Judicial y Penal del estado Zulia emitió una orden de aprehensión contra la ciudadana Ilze Coromoto Perozo (53), esposa de Julio Montoya, diputado de la Asamblea Nacional (AN), tras incumplir la medida de casa por cárcel.
La gerente general de la constructora Consperca no se encuentra en su residencia, fijada por el tribunal como el sitio para el cumplimiento de la pena. Por ello, se considera su ausencia como un desacato a la medida, explicó José Luis Acosta, vicepresidente del Consejo Legislativo del estado Zulia.
“Se desconoce el paradero de la ciudadana Ilze Perozo, pues en su domicilio no se encuentra. No sabemos si está fuera del país o del Zulia. Les tocará a las autoridades comisionadas precisar su ubicación”, afirmó el legislador marabino.
Acosta aclaró que la orden de captura no se trata de una retaliación política, “como ha querido mostrar insistentemente el diputado Julio Montoya”, y que esta se trata de la aplicación de un mecanismo jurídico tras el incumplimiento de la medida de casa por cárcel.
Recientemente, Montoya, diputado de la Asamblea Nacional por el partido Primero Justicia, denunció que su esposa se debate “entre la vida y la muerte” por una enfermedad que padece y que, tras el hostigamiento contra su familia, su estado de salud empeora.
Acosta reconoció que Perozo padece de algunos problemas en la piel, aunque desconoce “la gravedad o no” de la enfermedad.
Sin embargo, resaltó que ninguna razón la exime del cumplimiento de la medida. “Son sus abogados quienes deben garantizarle la búsqueda de otros mecanismos que, en caso tal, le permitan su atención médica”, agregó.
El Juzgado 3° de Control condenó a Ilze Perozo a tres años de prisión el 6 de noviembre de 2012, tras admitir su culpabilidad en diversos actos de corrupción contra la nación y el erario público.
En aquella oportunidad, la Fiscalía 26ª del Ministerio Público la acusó por los delitos deenriquecimiento derivado del despilfarro, pagos fraudulentos y certificaciones falsas, aprovechamiento de fondos públicos y asociación para delinquir.
Con información de El Mundo
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